CIN LEY
Registros de los encuentros nacionales de Trabajadorxs Universitarixs, mapeo situación, resúmenes, testimonios, contraste UNaM y otras hierbas legales.
La publicación de esta entrada se retrasó por cuestiones organizativas. Se escribió una semana antes de la ratificación judicial del 25 de junio que obligó al Poder Ejecutivo a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario (LFU). Ahora es una síntesis brutal que sirve para contextualizar la socialización de los registros de dos asambleas y una charla técnica legal, todas organizadas por el colectivo autoconvocado Trabajadorxs Universitarixs.
A pesar de la mutilación, el texto no solo conserva los ánimos de aquel entonces, sino que refleja una discusión que desgraciadamente no está obsoleta: la postura y el desempeño de nuestra conducción sindical. El acuerdo patronal solamente echó más luz sobre la dimensión política que tanto nos cuesta ver.
Al final de la página encontrarán la botonera de acceso a los registros, son una transcripción casi en crudo de las intervenciones. Además del contenido, el registro evidencia la existencia de sectores que promueven el trabajo colectivo y la formación sindical de sus pares, un hecho relevante para contrastar con la realidad opuesta que predomina en la UNaM.
Esta mañana, el Ejecutivo realizó otra presentación intentando hacer caer la cautelar, conocida maniobra que demora el cumplimiento, tal y como se anunció desde espacios críticos universitarios.
No se trata de un simple desajuste técnico en los procedimientos gremiales ni en la administración de las partidas presupuestarias que, por supuesto, hacen al problema. Estamos frente a una operación sistemática de vaciamiento que en el caso de la UNaM se agrega a una administración interna que exprime los recursos precarizando cada vez más a los trabajadores y la institución.
El pacto permitió al Gobierno continuar administrando el ajuste sin afrontar un conflicto nacional sostenido; a los rectorados, normalizar el funcionamiento universitario; y a las conducciones sindicales, evitar que la creciente conflictividad interna expusiera años de deterioro salarial, precarización laboral e inacción previos a la gestión de Javier Milei.
La firma del acuerdo en la antesala del receso invernal y del pago del medio aguinaldo tuvo una clara carga política y valorativa: apostar a que la urgencia económica quedara atenuada por una liquidación salarial reforzada por el aguinaldo y la limosna de Milei. Un desprecio histórico que confunde deliberadamente necesidad alimentaria con obediencia y resignación.
Las intervenciones compartieron un diagnóstico que excede las particularidades de cada universidad: la convergencia entre rectorados y conducciones sindicales para administrar el ajuste, contener el conflicto y desalentar formas autónomas de organización.
El encuentro permitió poner en común experiencias habitualmente aisladas y presentadas como excepcionales, demostrando que son expresiones locales de una misma directiva nacional.
Por ejemplo, en la última reunión de Mesa Ejecutiva de ConaduH se trató el caso de dos asociaciones de base —de San Juan y Misiones (Adunam)— que expresaron su voluntad de «salirse de la federación» debido al rechazo votado democráticamente del acuerdo patronal. Algo que parece infantil y caprichoso es en verdad una forma de corroer la organización de los trabajadores. El destino de ambos gremios sería Conadu a secas, pero se rumorea que podría ser Fedun «por su conducción más sensata». Esto indica que quizás ya fueron poseídas por el espíritu siestero cegetista.
Su carácter federal puede resumirse en cuatro dimensiones. La primera fue la pluralidad: rompió el aislamiento impuesto por las burocracias universitarias al reunir trabajadoras y trabajadores de distintas instituciones bajo un diagnóstico común. La organicidad desde abajo, algo que el Frente Sindical de las Universidades Nacionales no logró capitalizar; estos encuentros comienzan a consolidar y estimular espacios autónomos de coordinación e intercambio. La tercera fue el aguante: numerosas intervenciones denunciaron presiones, hostigamientos y maniobras disciplinadoras contra quienes impulsan medidas de fuerza o cuestionan a las conducciones, sin lograr neutralizar o desgastar la organización. Finalmente, el protagonismo de las bases en comunión: asociaciones y agrupamientos que expresaron desde asambleas soberanas mandatos genuinos a sus federaciones, aun bajo presión, y profundizan la experiencia interclaustro e interuniversitaria.
Merece mención especial la deliberada falta de informaciónEsto no soprenderá a la comunidad de la UNaM, no solo las comisiones directivas no informan ni instrumentan instancias de consultas, tampoco lo hacen los delegados ni los consejeros. El sentido común UNaM dicta que todos estos personajes son voceros patranoles, no representantes de la base., reemplazada por el relato exitista de haber conseguido mucho menos de lo establecido por una ley próxima a cumplirse.
De color: en distintas universidades, durante las elecciones gremiales fue notoria la recurrencia a discursos orquestados sobre la idea de gestión con dinámica mutualista y laboral. Las campañas se enfocaron más en presentar una imagen de «sensatez» funcional que de posicionamiento sindical; una acción comunicacional con doble efecto: despolitizar y amoldar trabajadores a la crisis. Estas expresiones sirven de insumo para rastrear la reproducción de la oficialidad, es decir, el grado de burocratización.
Se realizó además una anatomía de las conducciones sindicales en cada facultad y claustro. Las críticas más recurrentes apuntaron al oscurantismo de las negociaciones, la ausencia de mecanismos democráticos de consulta, la subordinación a la estrategia política del CIN y el uso de la urgencia económica para legitimar un acuerdo salarial insuficiente.
Para los participantes, la firma debilitó la capacidad de exigir el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario y contribuyó a descomprimir un conflicto que había obtenido respaldo judicial.
El encuentro incluyó un segmento especial a cargo de las abogadas Mariela Puga y Aníbal Paz. Ambos señalaron que el acta del 10 de junio modificó el escenario judicial al ofrecer una salida política que podía aliviar la presión sobre la Corte Suprema respecto de la constitucionalidad de la suspensión de la ley.
Sin embargo, remarcaron que los derechos salariales reconocidos por la LFU siguen plenamente vigentes y que un acuerdo administrativo no puede reducir derechos individuales consagrados por una ley del Congreso.
Entre las posibles acciones judiciales se mencionó la presentación de amparos individuales simultáneos —como ocurrió durante el Corralito—, siempre subordinados a la organización y movilización de las bases. Aduns ya inició esta presentación de manera colectiva como gremio.
En Misiones, el Comité de Lucha Universitaria sostuvo este espíritu. También señaló los riesgos de dejar en manos del CIN la «resolución» del brutal ajuste a las universidades. No hay épica en haber dado aviso. Organizarse también consiste en discutir con los pares, producir lecturas políticas y compartirlas públicamente, precisamente aquello que la creciente burocratización sindical desalienta. Esa famosa alerta que las conducciones predican consiste en estimular la lucidez colectiva mediante el conocimiento.
Cada encuentro de Trabajadorxs Universitarixs rompe con la modalidad sindical predominante y expresa un proceso de articulación de acciones hasta ahora dispersas entre universidades e incluso facultades.
El realismo político patronal sintetizado en el argumento «es lo que podemos conseguir y es mejor que nada» es una definición estratégica: conceder el ajuste sin paros ni conflictos durante casi todo el gobierno de La Libertad Avanza forma parte de otro pacto tan hermético como concreto.
No hay dudas: si las acciones de estos sectores impactan en la vida universitaria es porque actúan con unidad y coordinación gubernamental.
registros
asamblea 13 jun charla legal 27 jun asamblea 1 jul
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