Lo ajeno

El acuerdo

El 10 de junio se firmó un acuerdo político entre el Gobierno nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las conducciones sindicales universitarias que pone en riesgo el cauce de la Ley de Financiamiento Universitario.

El entendimiento prevé la transferencia de fondos muy por debajo de lo establecido por la ley aprobada por el Congreso, posteriormente incumplida por el Poder Ejecutivo y respaldada por resoluciones judiciales favorables a las universidades.

Tabla comparativa LFU ≠ Acuerdo Calculadora salarial nodocente

Después de más de dos años de conflicto universitario, el Gobierno encontró una salida que le permite reducir costos económicos y políticos: normalizar el funcionamiento de las universidades sin cumplir la legislación vigente. Le salimos barato.

La decisión fue adoptada por rectorados y conducciones sindicales sin mecanismos de deliberación con la comunidad universitaria, las firmas fueron a espaldas de la principal afectada por el ajuste salarial y presupuestario acumulado desde 2024.

Más de dos años de movilizaciones, paros, clases públicas, tomas, vigilias, marchas federales y reclamos judiciales terminaron diluidos en una negociación que apenas reconoce una parte de lo exigido durante todo ese proceso.

Un puñado de agentes que llegan sin sobresaltos a fin de mes empeñaron la resistencia de una mayoría precarizada que mantiene en pie las universidades. Esa miserable maña de negociar con lo ajeno.

El relato del acuerdo

Para volver aceptable un acuerdo que posterga la recomposición reclamada por las universidades, las conducciones universitarias comenzaron a construir un relato centrado en la normalización institucional, la previsibilidad presupuestaria y la reapertura de instancias paritarias.

No es una novedad. Durante estos años ajuste, desde el CIN promovieron un discurso edulcorado y una estrategia de baja intensidad, poco confrontativa. Una postura que buscó administrar el conflicto y dilatarlo, más que profundizarlo hasta terminar con una crisis encarnizada por el ensañamiento intelectual e ideológico por parte del mileísmo.

Las federaciones sindicales reprodujeron esa línea con distintos matices. Algunas celebraron el acuerdo. Otras lo cuestionaron parcialmente. Muy pocas explicaron con precisión su alcance económico, político y judicial.

La intersindical UNaM

En la Universidad Nacional de Misiones la respuesta al tratamiento del acuerdo fue lenta. Y casi no fue.

A última hora, UDUM y Apunam realizaron una actividad pública frente al juzgado federal en el marco de la movilización nacional por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, no convocaron a paro ni garantizaron condiciones para que los trabajadores abandonaran sus puestos de trabajo y participaran de la jornada.

La actividad tuvo un carácter testimonial y contó con la participación de integrantes de las conducciones gremiales y personajes afines al oficialismo.

Adunam volvió a recurrir a una consulta digital mediante formularios de Google. A los afiliados se les preguntó si aceptaban o rechazaban un acuerdo cuyos detalles todavía no habían sido informados por el propio sindicato. La mayor parte de la información disponible circulaba a través de medios de comunicación, organizaciones externas y redes sindicales.

El 11 de junio la Conadu Histórica realizó su congreso nacional y resolvió rechazar el acuerdo, ratificando el paro entre el 16 y el 20 de junio.

También Fatun tuvo su encuentro. En ninguno de los casos hubo consultas ni informes desde las comisiones directivas ni congresales.

La comunicación posterior de Adunam se limitó a informar el rechazo de los aumentos salariales, sin exponer en profundidad los argumentos discutidos durante el congreso ni las posiciones que se expresaron en el debate para repudiar el pacto en mesa cerrada.

Ninguno de los gremios universitarios de la UNaM explicó de manera detallada el contenido del acuerdo, la impronta extorsiva del Gobierno, sus implicancias salariales ni los posibles efectos políticos y jurídicos derivados de su firma.

Tampoco se convocaron asambleas ni reuniones informativas para discutir el alcance de la negociación. Las comisiones directivas otra vez dieron la espalda a sus bases.

La vida sindical continúa reduciéndose. Los plenarios de delegados prácticamente desaparecieron, la comunicación política con los afiliados es escasa, los Cuerpos de Delegados permanecen debilitados y los espacios colectivos de deliberación siguen neutralizados.

La suspensión de responsabilidades sindicales y políticas ya no parece una excepción: se transformó en una forma habitual de funcionamiento. Un bochorno democrático que no parece inquietar.

Comparativa

La tabla que sigue contrasta los beneficios previstos por la Ley de Financiamiento Universitario con los resultados concretos del acuerdo firmado.

El material circula de manera informal en ámbitos del sindicalismo universitario combativo y continúa sujeto a revisión y verificación. Aun así, permite observar una tendencia general difícil de ignorar.

Según esta estimación, el acuerdo reconoce apenas una fracción de lo que correspondería percibir bajo el cumplimiento pleno de la ley y de las resoluciones judiciales vigentes.

La diferencia no es solamente salarial. La comparación también permite evaluar el costo político de abandonar una posición respaldada por una ley vigente, por resoluciones judiciales favorables y por una de las movilizaciones universitarias más importantes de los últimos años.

Más de un millón de personas marcharon hace apenas unas semanas detrás de una consigna simple: cumplan la ley. Y la propuesta finalmente aceptada no lo hace.

Por eso la discusión excede los porcentajes. Lo que está en juego es si un derecho reconocido por el Congreso y respaldado por la Justicia puede ser reemplazado por una negociación parcial entre funcionarios, rectorados y conducciones sindicales. Tal como suele ocurrir dentro de las propias universidades.

Además del impacto financiero y salarial, el acuerdo ayuda a delinear una lectura política del trabajo conjunto que distintos actores institucionales y sindicales realizan para administrar el ajuste sin alterar la gobernabilidad.

La tabla siguiente intenta aportar elementos para esa discusión.

Lectura normativa

Esta es la entrevista que el programa radial Otro Aire (FM Universidad 98.7) realizó al abogado laboralista Aníbal Paz sobre el acuerdo firmado entre el Gobierno, los rectorados y las conducciones sindicales.

También comparto algunos comentarios de asesoría que circularon entre delegados y militantes sindicales a través de distintos grupos de mensajería.

Tanto en la entrevista como en esos intercambios, Paz analiza las consecuencias laborales y judiciales que podría tener este acuerdo, además de los efectos políticos que puede proyectar sobre las universidades y sus trabajadores.

Calculadora salarial nodocente

Los cálculos de los distintos ítems se realizaron a partir del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), los instructivos de liquidación y documentación publicada por otras universidades nacionales. La grilla salarial utilizada es la de junio de 2026 que contiene el incremento de 21,33% pautado por el Acta Entrega del CIN y Milei; se actualizará en la medida que evolucionen los salarios.

Como las actas y los procedimientos de cálculo no siempre son públicos ni fáciles de conseguir, parte del trabajo consistió en reconstruir criterios a partir de recibos históricos, instructivos y normativa dispersa. La transparencia administrativa sigue siendo una tradición exótica en buena parte del sistema universitario.

Aunque la calculadora fue revisada y contrastada con distintas fuentes, puede contener diferencias menores en casos puntuales. Las correcciones, críticas y aportes de información son bienvenidos. Para eso está disponible el correo de contacto que figura al pie de esta página.

La herramienta sirve también para estimar de cuánto sería la liquidación salarial si Milei cumpliera con la Ley de Financiamiento Universitario.