Condiciones

Hace algunas semanas, el CIN volvió a abrirle la puerta al Gobierno para revisar la propuesta de financiamiento universitario impulsada por Milei, Sturzenegger, Torrendell y Álvarez. Se sospecha que la negociación se encamina hacia un cierre favorable al ajuste. A pesar del avance a favor de las universidades en la justicia.

En números, el Gobierno ofrece: 21,3% en junio y un 3% en octubre. También afloja un aumento del 50% para becas y del 20% para gastos de funcionamiento.

Las conversaciones para definir el presente y futuro de las universidades se están desarrollando por fuera de las paritarias y tienen como actores privilegiados a los rectores y, detrás de ellos, a las federaciones sindicales.

Hasta ahora, lo aceptado fue conformar una mesa de negociación para discutir aquello que la propuesta libertaria no contempla: la pérdida salarial de 2024, entre otras cuestiones. Sí, incluso después de dos años de ninguneo y ajuste, nuestros dirigentes todavía tienen cara para hablar de futuras negociaciones. Como si no estuviéramos discutiendo una derrota en cuotas.

En resumen, la oferta del Gobierno representa menos de la mitad de lo establecido por la ley aprobada por el Congreso de la Nación.

Adunam estuvo de reunión y, entre otros temas, comentó parte de lo discutido en el PSG de Conadu Histórica. Además de la información ya conocida, circularon rumores de que las federaciones cegetistas ven con buenos ojos la propuesta del Gobierno.

Por otras vías también se sabe que las Conadu continúan realizando plenarios y reuniones. La Histórica tendrá congreso este jueves y algunos gremios de base impulsan asambleas presenciales y virtuales.

Mientras los gremios docentes de todo el país hablan de paros, en Adunam se habla de encuestas digitales.

De Fatun se sabe poco y nada. Apenas balbucea en redes sociales.

UDUM y Apunam convocaron a una clase pública frente al juzgado federal de Posadas para reflexionar sobre la importancia de Ley de Financiamiento Universitario y por qué las leyes deben cumplirse.

No hay información sobre las garantías de poder abandonar los puestos de trabajo, pero la invitación está hecha.

Es comprensible que muchos hayan denostado esta actividad de las hermanas cegetistas. Para varios, la propuesta llega con retardo a ocuparse de preguntas que cualquier integrante de la comunidad universitaria ya debería poder responder por sí mismo. Para eso tienen estudios superiores.

Pero es necesario tener en cuenta la condición de la UNaM: nuestro contexto institucional, normativo y legal no es precisamente un templo sagrado del cumplimiento, la responsabilidad y el respeto por el bien común.

Solo durante el último mes ocurrieron hechos bastante cuestionables: el balance de Apunam, el procedimiento de asunción en Adunam y el desarrollo del proceso electoral general.

En este escenario es muy difícil saber precisamente qué son las normas y reglamentos, para qué están, de dónde provienen, si deben cumplirse y por qué.

Al menos entre los nodocentes, hubiéramos ganado tiempo con una capacitación sobre el cumplimiento de leyes, estatutos y reglamentos antes que hacer un taller de autoajuste familiar y educación financiera para futuros traderboys precarizados.

Dicho eso, hay que asistir a los encuentros que propone la dirigencia sindical, incluso cuando no estemos de acuerdo, la charla sea impartida por el mismo bofe de siempre o la actividad no tenga sentido.

Cualquier espacio colectivo puede convertirse en un lugar de discusión política si logramos intervenir y establecer nuestra propia agenda.

Nuestros gremios son reacios a las reuniones y asambleas, a fomentar la participación y escuchar a las bases. Entre la falta de información sindical por parte de congresales y secretarios, y el poco entusiasmo de muchos delegados, solo queda organizarnos con autonomía y participar del mundo político.

Esperemos que los rumores sobre un acuerdo a la baja entre el CIN y los sindicatos para este miércoles 10 sean solamente eso: rumores.

Aunque el Gobierno aceptó que las universidades continúen con el litigio judicial, una de las condiciones que sostiene es que el acuerdo sea firmado de manera unánime.

Después de más de dos años de ajuste con abrazos simbólicos, paros activos y trámites administrativos, firmar un pacto de no agresión y conservar una vía judicial que Milei puede controlar es ser cómplice declarado.

Pactar con el Gobierno no es solo aceptar migajas, es legitimar la lógica política de la reforma laboral que impone Milei: cualquiera puede negociar cualquier cosa por fuera de los canales formales y pasar por encima de los sindicatos, la ley y la voluntad del Congreso.

En la UNaM conocemos bien esta lógica política y sabemos cuáles son las consecuencias de los acuerdos y consensos: nos gobierna cualquiera.